Silver Notice: rastreo de activos y derechos de defensa

¿Está operativa la Silver Notice y cuál es su situación actual?

El proyecto piloto, autorizado por un máximo de dos años, se puso en marcha en enero de 2025. En su sesión de noviembre de 2025, la Asamblea General examinó los resultados provisionales y encargó al grupo de expertos que presentara los resultados completos y sus recomendaciones en la 94.ª sesión. Esta sesión está prevista del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2026, y el orden del día publicado incluye el proyecto piloto Silver Notice. La página pública actual de INTERPOL sobre avisos por colores sigue etiquetando la Silver Notice como «pilot phase». A 28 de octubre de 2026 no se ha verificado ninguna resolución que confirme su adopción permanente. La situación debe comprobarse de nuevo después de la 94.ª sesión y de cualquier modificación posterior.

Las fuentes jurídicas que deben consultarse son el Legal Framework Governing the 2025 Silver Notice/Silver Diffusion Pilot de INTERPOL, en su versión revisada, la Constitución de INTERPOL y las Reglas sobre el Tratamiento de Datos (Rules on the Processing of Data, RPD). El marco piloto contiene sus propios artículos 1 a 3; su numeración no debe confundirse con la de la Constitución o las RPD. Antes de presentar una solicitud, compruebe la versión vigente en esa fecha y no se base únicamente en el anuncio de lanzamiento.

¿Qué información puede buscar una Silver Notice?

El artículo 1 del marco piloto publicado permite que la Oficina Central Nacional (OCN) de un país miembro solicite cooperación para localizar activos, identificarlos, obtener información sobre ellos o vigilarlos de forma discreta y/o continua. Se trata de fines no coercitivos: el marco limita expresamente la cooperación Silver a solicitar y compartir información para facilitar la cooperación bilateral posterior. Los procedimientos finales contemplados pueden referirse al decomiso penal y/o civil, con condena o sin ella. Por tanto, la ausencia de una condena penal firme no convierte automáticamente en inadmisible una solicitud de información.

Los activos pueden ser una cuenta bancaria, un inmueble, una participación societaria, un vehículo u otro valor susceptible de rastreo. El nombre de una persona puede servir como punto de partida para buscar bienes en varias jurisdicciones. Una pista sobre un activo no prueba la titularidad real, el origen delictivo ni el derecho a decomisarlo: cada extremo debe acreditarse conforme a la ley aplicable y mediante pruebas admisibles. Si en los mismos documentos aparecen varios propietarios o familiares, es especialmente importante distinguir entre la titularidad registral, el control efectivo, el origen lícito de los fondos y la mera asociación con una persona investigada.

¿Qué condiciones deben cumplirse antes de que se difunda la solicitud?

El artículo 2 establece requisitos acumulativos. La solicitud debe referirse a una persona física sometida a una investigación penal y a un delito grave castigado con una pena máxima de prisión de al menos cuatro años o una pena más severa, conforme a la referencia del artículo 2(b) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se trata de la pena máxima prevista legalmente para el delito, no de afirmar que la persona ya haya sido condenada. El proyecto piloto no establece un valor monetario mínimo para los activos.

El marco también exige datos identificativos suficientes: apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento (al menos el año) y, como mínimo, un identificador adicional entre los datos del documento de identidad, una fotografía de buena calidad o una descripción física. Los datos del caso deben resumir con claridad la actividad delictiva alegada y establecer el vínculo entre esa actividad, la persona y/o los activos. Deben especificar si los bienes buscados son el instrumento o el objeto del delito, sus productos directos o indirectos, o el valor de los beneficios obtenidos del delito. La información judicial debe hacer referencia a la investigación penal o al procedimiento judicial pertinente e indicar que los activos se buscan para una medida penal de aseguramiento —incluidas la incautación o la congelación— o para un decomiso penal, y/o para una medida o decomiso sin condena. También deben identificarse los cargos y/o las leyes aplicables y las penas asociadas.

Distinción importante: estos requisitos documentales no autorizan a INTERPOL a congelar activos. Tampoco deben interpretarse como una regla universal según la cual siempre debe existir una orden definitiva de decomiso antes de solicitar una Silver Notice. El marco publicado exige una referencia a la investigación o al procedimiento judicial y a la medida de aseguramiento o decomiso prevista; no impone en todos los casos una orden definitiva de decomiso. Es un requisito sobre los datos justificativos de la difusión, no una autorización para que INTERPOL imponga una congelación. Si se impugna un aviso, compare el marco vigente con los documentos justificativos reales en vez de confiar en un resumen antiguo publicado en internet.

Matriz Silver: información sobre activos y autoridad jurídica

El primer paso útil es dividir una pista internacional en decisiones separadas. La tabla identifica quién interviene en cada fase, qué no debe confundirse y dónde corresponde plantear una objeción legítima. Es un mapa del proceso, no una afirmación de que todos los países tengan las mismas facultades de divulgación o congelación.

¿Qué ocurre cuando una autoridad extranjera localiza el activo?

El artículo 3 describe el traspaso entre dos países. Con sujeción al derecho nacional y a las obligaciones internacionales, el Estado donde se localice el activo debe informar inmediatamente al OCN requirente y a la Secretaría General de INTERPOL e indicar los procedimientos apropiados que debería seguir el Estado requirente. El OCN requirente debe actuar de inmediato y garantizar la transmisión rápida de los documentos necesarios dentro de los plazos aplicables al caso concreto. INTERPOL puede facilitar la transmisión de documentos relativos a la vigilancia, las medidas de aseguramiento o el decomiso conforme a las leyes y tratados pertinentes.

No existe un plazo internacional único para todos los casos de activos relacionados con una Silver Notice. Una orden nacional de congelación puede fijar un plazo muy breve para oponerse, que comienza con la notificación o comunicación formal; otro sistema puede permitir una audiencia después de la medida, y un tercero puede exigir el reconocimiento de una resolución extranjera antes de ejecutarla. Sería arriesgado trasladar el plazo de un país a otro. Lea la orden real, confirme la jurisdicción donde se encuentra el bien y pida al abogado local que determine quién puede recurrir o solicitar el levantamiento y desde qué momento se cuenta el plazo.

¿Qué no autoriza una Silver Notice?

No autoriza a un agente de INTERPOL a incautar un automóvil, obligar a un banco a transferir fondos ni resolver quién es el propietario. No constituye una orden de detención, una solicitud de extradición ni una obligación automática para que un tribunal extranjero decomise bienes. Sin embargo, los Estados pueden utilizar la información obtenida mediante la cooperación policial para iniciar actuaciones lícitas conforme a sus propias leyes y a los tratados aplicables. El riesgo práctico importante surge en ese segundo paso jurídico, no de tratar una solicitud informativa como si fuera una sentencia de decomiso.

Del mismo modo, la revisión del tratamiento de datos de INTERPOL no decide si un banco debe cumplir una medida nacional de congelación independiente, una medida cautelar civil, las normas sobre sanciones u obligaciones separadas contra el blanqueo de capitales. Un banco puede tener obligaciones legales propias incluso cuando no existe una Silver Notice. Si una cuenta no está disponible, solicite por medio del banco o del canal nacional competente la razón jurídica por escrito; no dé por hecho que la causa es una Silver Notice solo porque la investigación sea internacional.

¿Qué pruebas distinguen una pista sobre activos de un caso sólido de decomiso?

Elabore un mapa de pruebas en vez de confiar en etiquetas como «activo vinculado». Empiece por la cuenta concreta, la referencia catastral, la participación societaria o la operación; identifique el documento que supuestamente demuestra el vínculo; después distinga entre titular registral, beneficiario efectivo, origen de los fondos y fecha en que surgió cada derecho. Acredite cualquier salario, herencia, préstamo o producto de una venta lícitos con documentos contemporáneos. Si el activo pertenece a un cónyuge, inversor, beneficiario de un fideicomiso o sociedad, registre por separado los derechos de esa persona y las reglas locales sobre legitimación procesal.

Formule cuatro preguntas sobre cada documento importante: quién lo creó, cuándo, con qué finalidad y qué demuestra exactamente. Una inscripción en el registro mercantil puede probar la titularidad registral, pero no el origen del dinero utilizado para comprar. Un informe de operación sospechosa es una pista de investigación, no necesariamente una prueba admisible de un delito consumado. Una acusación penal anterior a la compra puede tener un significado distinto de otra formulada años después. Estas diferencias son relevantes tanto para una solicitud de corrección de datos como para el procedimiento sobre los bienes, aunque los órganos decisores y las reglas probatorias sean distintos.

¿Cómo se pueden impugnar datos inexactos o abusivos de INTERPOL?

La Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF), en concreto su Sala de Solicitudes (Requests Chamber), examina las solicitudes de acceso, rectificación o supresión de datos tratados en el Sistema de Información de INTERPOL. El Estatuto de la CCF permite a personas y entidades solicitar la revisión de datos que les conciernen dentro del mandato de la Comisión. Un propietario tercero solo puede utilizar esta vía si la solicitud se refiere a datos tratados sobre el propio solicitante y entra en la competencia de la CCF; el documento oficial de titularidad respalda una solicitud relacionada con bienes, pero no convierte a la CCF en el órgano que decide la propiedad. Si no se tratan datos sobre esa persona, la CCF no es una vía general para liberar bienes ajenos. Las RPD exigen un tratamiento lícito, exacto, pertinente y no excesivo; el artículo 3 de la Constitución de INTERPOL prohíbe toda intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial. Los argumentos deben apoyarse en material concreto: un identificador incorrecto, la inexistencia de una investigación que cumpla los requisitos, un vínculo patrimonial sin fundamento, la omisión engañosa de una resolución o indicios de una finalidad prohibida.

Límite importante tras las modificaciones de 2025: por regla general, la CCF no puede examinar el contenido de la información intercambiada directamente entre oficinas centrales nacionales (OCN) cuando la Secretaría General no haya sido destinataria del intercambio o no haya accedido a él. Puede haber una excepción si la CCF llega a conocer una posible infracción de las normas de INTERPOL o de las condiciones del proyecto correspondiente, o si la entidad interesada da autorización expresa. La orientación oficial de INTERPOL indica que debe denunciarse una infracción grave y ponerla en conocimiento de la CCF del mismo modo que se comunicaría a la Secretaría General. Por tanto, no debe suponerse que una solicitud a la CCF abarque o elimine automáticamente toda Silver Diffusion. Primero determine si la información se trata en el Sistema de Información de INTERPOL o se intercambió directamente entre OCN; en este último caso, aclare cómo comunicar una posible infracción por el canal adecuado de INTERPOL y valore por separado los recursos nacionales. Esta limitación no elimina la vía de la CCF para los datos tratados en el Sistema de Información de INTERPOL.

La CCF no es un tribunal penal y no decide la titularidad, la culpabilidad, la admisibilidad de pruebas en un procedimiento nacional de decomiso ni si debe levantarse una congelación nacional. Conforme al artículo 38 de su Estatuto, sus decisiones sobre el tratamiento de datos de INTERPOL son definitivas y vinculantes para INTERPOL y para el solicitante; no anulan resoluciones judiciales nacionales. Esta vía interna de revisión se rige por el Estatuto de la CCF, no por un precedente de un tribunal supremo nacional. Las decisiones publicadas de la CCF pueden ilustrar la aplicación de las reglas, pero no constituyen un precedente nacional universal que obligue a liberar activos.

Desde el 26 de marzo de 2026, el portal en línea específico de la CCF es normalmente el único canal de presentación, salvo autorización excepcional para utilizar otros medios. Según las reglas de funcionamiento de 2026, por lo general se necesitan documentos de identidad, autorización del representante, una explicación motivada de la solicitud de rectificación o supresión y documentos justificativos; cuando la solicitud se refiere a bienes del propio solicitante, se especifica un documento oficial que acredite la titularidad. Prepare la solicitud y los documentos justificativos en árabe, inglés, francés o español, o aporte la traducción requerida. En las solicitudes de rectificación/supresión o revisión, la exposición de argumentos no debe superar 10 páginas, debe usar un formato estándar legible, abordar los elementos relevantes del caso e incluir una lista de documentos con referencias específicas. Evite divulgar datos familiares o financieros sensibles que no sean necesarios. La CCF aplica reglas de confidencialidad, pero puede consultar a la fuente de los datos; indique expresamente qué información solicita mantener confidencial y tenga presentes los límites prácticos de esa protección.

¿Cuáles son los plazos de la CCF y los límites de la protección urgente?

El artículo 40 del Estatuto vigente de la CCF establece un plazo ordinario de decisión de cuatro meses para el acceso y nueve meses para la rectificación o supresión, contados en ambos casos desde la fecha en que la solicitud fue declarada admisible, no desde el primer escrito enviado a la CCF. La Sala de Solicitudes puede ampliar estos plazos en las circunstancias previstas en el Estatuto y debe explicar la ampliación. Una solicitud de acceso también puede dar lugar a una divulgación limitada porque la CCF debe consultar a la fuente y tener en cuenta las restricciones de confidencialidad. La página pública actual de la CCF también reconoce retrasos en el cumplimiento de sus plazos debido al aumento de la carga de trabajo; por tanto, los plazos estatutarios no garantizan una fecha concreta de protección efectiva.

El Estatuto permite medidas provisionales dentro del sistema de datos de INTERPOL, pero el solicitante no debe suponer que se concederán en un número fijo de días ni que suspenderán una congelación bancaria. La CCF examina la solicitud conforme a sus propias reglas; el tribunal nacional u otro órgano nacional competente sigue siendo responsable de la protección urgente frente a una restricción nacional. Tras una decisión de la CCF, el artículo 41 regula su aplicación por la Secretaría General y la notificación. Si más adelante aparece un hecho nuevo y material, el artículo 42 permite una solicitud de revisión estrictamente limitada dentro de los seis meses siguientes al descubrimiento de ese hecho; no es un recurso general para repetir los mismos argumentos.

¿Qué debe hacer primero el propietario o su asesor?

1. Identificar la medida vigente. ¿Se trata solo de una investigación, una restricción interna del banco, una petición de un investigador, una medida provisional o una orden definitiva de decomiso? Obtenga, si está disponible, la notificación legal, la resolución y la descripción del activo.
2. Separar las dos jurisdicciones. Anote dónde se inició la investigación y dónde se encuentra el activo. Organice un intercambio lícito de información entre los abogados de ambos países sin presumir que una resolución del país de origen vincula al tribunal del país donde está el bien.
3. Conservar las pruebas. Guarde extractos bancarios, documentos de transacciones y contratos, extractos registrales de titularidad, pruebas del origen lícito de los fondos, resoluciones pertinentes y traducciones. Conserve los originales y las fechas; no altere ni traslade activos incumpliendo una medida vigente.
4. Examinar de forma concreta la solicitud Silver. Compruebe la existencia de una investigación contra una persona física, el umbral de pena máxima, la descripción de los hechos, el vínculo con el activo, los identificadores y la finalidad declarada. Una contradicción documentada es más sólida que una sospecha puramente especulativa de abuso.
5. Utilizar en paralelo la vía adecuada. Si los datos de INTERPOL son incorrectos, considere acudir a la CCF. Si la congelación es una medida nacional, utilice por separado la revisión o el recurso nacional indicado, sin esperar al calendario de la CCF.

Si la cuestión se refiere a obtener información sobre la ubicación o las actividades de una persona, y no a identificar activos, consulte el análisis separado de los riesgos de datos de una Blue Notice. Las cuestiones sustantivas de una investigación de rastreo de activos o de la congelación de una cuenta bancaria se tratan en sus páginas específicas. La asistencia general sobre avisos de INTERPOL y solicitudes ante la CCF se aborda por separado.

¿Qué preguntas conviene plantear a los abogados de ambos países?

Al abogado del país requirente: ¿qué delito concreto y qué pena máxima se alegan? ¿Existe un número de investigación, un escrito de acusación o una orden? ¿Qué hechos relacionan la actividad sospechosa con cada activo? ¿Se ha enviado a la OCN alguna resolución exculpatoria pertinente o documento de titularidad? Al abogado del país donde se encuentra el bien: ¿qué autoridad puede exigir información, congelarlo o decomisarlo; qué instrumento extranjero debe reconocerse; qué acto inicia el plazo de revisión; y puede ser oído un tercero propietario? Las respuestas por escrito permiten ver la diferencia entre una señal informativa internacional y una medida nacional ejecutable.

Para evaluar un caso concreto, la documentación disponible y el procedimiento nacional competente, puede solicitar una consulta. Esta página ofrece información jurídica general, no asesoramiento sobre la ley de una jurisdicción de activos que no se ha identificado.