Abogado de extradición en Buenos Aires: jueces federales

Cómo se identifica al juez federal competente

El artículo 111 de la Ley 24.767 asigna, como regla, el pedido formal al juez federal con competencia penal y turno en el lugar de residencia de la persona requerida. Si se desconoce su domicilio o existen domicilios en varias jurisdicciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores puede seleccionar un juez competente o uno federal de turno en la Capital conforme al artículo. Por tanto, la referencia genérica a «Buenos Aires» no permite concluir que intervenga un juzgado de CABA.

Según el artículo 112, cuando la detención provisoria fue planteada primero ante un juez, el pedido posterior continúa ante ese juez, con arreglo a la distribución legal. El artículo 113 contempla una situación distinta: si la detención provisoria ocurre sin intervención judicial previa, conoce el juez federal penal de turno del lugar donde se efectuó el arresto y retiene el trámite. El abogado necesita el acta de detención, fecha, hora, orden judicial si la hubo y número de expediente antes de presentar escritos en un tribunal específico.

El directorio judicial oficial identifica en Comodoro Py 2002 a los juzgados federales numerados de primera instancia y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por Sala I y Sala II. El juzgado sustancia el expediente. La Cámara puede revisar determinadas decisiones interlocutorias cuando procede el recurso, pero no es la instancia del recurso ordinario contra la sentencia definitiva de extradición prevista en el artículo 33.

También importa el nombre de la cámara de apelaciones. El artículo 6 de la Ley 27.150 denomina a la antigua Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La guía judicial mantiene la denominación histórica para las Salas I y II. Se trata del tribunal federal pertinente, distinto de la cámara penal ordinaria. Conviene comprobar la carátula exacta del expediente y la sala interviniente.

Aeroparque es CABA; Ezeiza pertenece a la provincia

El Aeroparque Jorge Newbery (AEP) está en Palermo, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) se ubica en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. No es una diferencia meramente geográfica: una detención provisoria sin intervención judicial anterior en AEP activa el criterio territorial del artículo 113 en la Capital. Si ocurrió en EZE, no cabe presumir que la causa se radique en Comodoro Py; deben comprobarse el tribunal federal provincial competente, el mecanismo de arresto y la existencia de un juez ya interviniente.

Ejemplo hipotético: un ciudadano georgiano es retenido en Aeroparque tras una alerta internacional y su familia solo recibe el mensaje «detenido en Buenos Aires». La defensa debe comprobar si había una orden de un juez, identificar el juzgado de turno y obtener las actuaciones de detención provisoria. Si hubiera ocurrido en Ezeiza, dirigirse sin comprobarlo a un juzgado capitalino podría retrasar la asistencia. Una notificación de INTERPOL no equivale a una orden definitiva de entrega: los artículos 44, 48 y 49 regulan la posible detención provisional y su control judicial.

Qué organismos deben identificarse antes de actuar

El Ministerio Público de la Defensa publica los turnos de las defensorías federales de CABA para 2026: en octubre de 2026 figura la Defensoría n.º 2. Ese listado no permite identificar por sí solo al defensor efectivamente nombrado en una causa: hay que consultar la designación en el expediente. Tampoco el aeropuerto revela el establecimiento donde se encuentra alojada la persona. Antes de una visita, la familia debe confirmar con su abogado la orden de custodia, el lugar actual y las reglas de entrevista.

Primeras 72 horas: guía de actuación, no plazo legal universal

Según la regla general del artículo 50, si transcurren 30 días corridos desde que se comunica la detención provisoria al Estado requirente sin que presente el pedido formal, la persona debe ser liberada o deben cesar las condiciones sustitutivas previstas en la norma. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede conceder diez días corridos adicionales si el Estado requirente acredita que no pudo presentar el pedido debidamente en término y lo solicita. Si el pedido llegó pero su trámite administrativo se demora, el juez puede fijar un plazo de conclusión a petición de la persona detenida. Un pedido formal posterior puede justificar una nueva detención. Antes de calcular un vencimiento debe revisarse el tratado aplicable. No es el límite general de toda detención durante el juicio completo.

Idioma, defensa, consentimiento y revisión de detención

En la audiencia del artículo 27, el juez explica la solicitud, ofrece designar abogado particular o defensor oficial, recoge las manifestaciones y, tras consulta con la defensa, pregunta si la persona consiente la extradición. Puede reservar su respuesta. Si no habla español, corresponde nombrar intérprete. Hay que comprobar que la interpretación sea suficiente para entender las imputaciones y las consecuencias de consentir, que pueden abreviar la fase judicial. El consentimiento personal no es una decisión que pueda tomar un familiar ni debe confundirse con una mera renuncia al debate.

El artículo 26 excluye en principio las normas comunes de exención de prisión y excarcelación, salvo los supuestos previstos por la propia ley. Esto no es una garantía automática de fianza ni una prohibición absoluta de impugnar la privación de libertad. En Garay Gonzáles, Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, 6 de mayo de 2025, FLP 144573/2018/3/1/CFC2, la mayoría anuló una decisión relativa a la libertad y remitió el asunto para nuevo examen porque se habían omitido elementos relevantes. No ordenó libertad incondicional. La causa provenía de Lomas de Zamora; el abogado de un caso de Capital debe verificar la vía y la jurisprudencia posterior, sin atribuir a ese precedente un resultado asegurado.

La dirección fiscal DIGCRI explica que las impugnaciones interlocutorias pueden corresponder a la Cámara Federal de Apelaciones o a la Cámara Federal de Casación, según su objeto y la etapa procesal. En cambio, el artículo 33 establece apelación ordinaria con efecto suspensivo ante la Corte Suprema contra la sentencia final sobre procedencia de la extradición. No deben mezclarse estas vías. Los motivos de rechazo y recursos posteriores están desarrollados en la guía de defensas frente a la extradición en Argentina.

Contra la sentencia judicial definitiva de extradición, la jurisprudencia de la Corte Suprema establece cinco días para interponer el recurso ordinario de apelación, conforme a los artículos 244 y 254 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Los fundamentos se presentan en una etapa posterior; la guía del Ministerio Público Fiscal de abril de 2026 señala un plazo de diez días para esa fase. La defensa debe verificar de inmediato la notificación, el cómputo de días judiciales y la providencia que habilita la fundamentación. No son los plazos para impugnar la detención inicial ni el efecto suspensivo implica por sí solo la libertad.

El expediente capitalino y el cambio procesal pendiente

El abogado argentino debe obtener y comunicar al defensor extranjero el nombre completo del órgano, número de juzgado y de causa, fecha de intervención judicial, orden de detención y sala competente para el incidente concreto. También debe corroborar con el expediente la defensoría designada y si la detención se produjo en AEP o en EZE. Esos datos permiten presentar ante el juez correcto una petición de comparecencia, revisar la custodia y controlar la documentación recibida del exterior.

La Resolución 186/2026 del Ministerio de Justicia, de 15 de abril de 2026, difirió hasta el 15 de febrero de 2027 la aplicación plena del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones federales penales y penal económicas de CABA. En octubre de 2026 no corresponde importar sin más los plazos y funciones de un juez de garantías de otros distritos que ya funcionan bajo el sistema nuevo. Si la causa sigue abierta en 2027, deberá revisarse la normativa vigente y cualquier nueva modificación del cronograma.

Los convenios, la diferencia entre la decisión judicial y la del Poder Ejecutivo, y las causales de rechazo están en la guía nacional de extradición desde Argentina. Argentina no forma parte del sistema de orden europea de detención. Conforme al artículo 2 de la Ley 24.767 prevalece el tratado aplicable; el convenio bilateral con Estados Unidos se aprobó mediante la Ley 25.126. Argentina no figura entre las partes del Convenio Europeo de Extradición ETS 024. Deben comprobarse tratado, reservas y reformas para cada Estado requirente, no deducirlas de la nacionalidad.

En Aliaga Reyes, el 23 de diciembre de 2025, la Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia de extradición dictada sin la audiencia exigida por el artículo 27 y sin el juicio del artículo 30. El caso provenía de Salta, donde ya regía el Código Procesal Penal Federal (CPPF). El fallo exige comprobar esas actuaciones, pero no traslada automáticamente los plazos procesales de Salta a un expediente de la Capital en octubre de 2026. Hay que obtener las actas, la citación a juicio y las constancias de notificación.

Documentación que deberían preparar familiares y abogados

• Datos exactos de los pasaportes, fecha de nacimiento y pruebas de error de identidad; no circular rumores de alertas.
• Hora y lugar de detención, fuerza actuante y tribunal; pedir acta de detención y constancia de la audiencia.
• Prueba lícita de domicilio, necesidad de intérprete, recetas médicas y urgencias familiares para el defensor designado.
• Centro de alojamiento efectivo y normas de visita y comunicación reservada antes de desplazarse personalmente.
• Pedido formal, traducciones y resoluciones extranjeras transmitidos de forma segura, conservando por separado las fechas de detención y de recepción.
• Distinción entre los recursos en Argentina, el proceso penal del país requirente y cualquier impugnación de datos de INTERPOL.

Si se desconoce el paradero de la persona, el primer paso es identificar a la fuerza que detuvo y el tribunal federal asignado. Ni el nombre del aeropuerto ni una embajada sustituyen un expediente argentino comprobado. El equipo del sitio puede coordinar la defensa transfronteriza con abogado local mediante el formulario de consulta del caso.